Es cierto que este año atravesamos una coyuntura económica muy difícil. La crisis económica incide de forma más virulenta en los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad. El impacto de la crisis económica y de empleo, evidente en toda la sociedad, es mucho mayor en las personas con discapacidad y en sus familias.

Ante esta situación, los poderes públicos, más que nunca, deben intensificar los esfuerzos para continuar avanzando en la protección de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y el Gobierno de Rajoy está haciendo justo lo contrario, con brutales recortes presupuestarios y reformas legislativas regresivas.

Especialmente dramáticos son los recortes en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de Dependencia. Desde que el Partido Popular llegó a La Moncloa, hace ahora un año, la Ley de Dependencia, impulsada por el Gobierno socialista, ha sido cuestionada y atacada en sus principios inspiradores. En tan sólo doce meses, el Gobierno ha puesto en marcha un proceso de desmantelamiento del Sistema, modificando la Ley por la puerta de atrás y sin dialogar con nadie.

Hemos comprobado cómo han metido la tijera en la Dependencia hasta reducir los fondos en más de un 30%. Han rebajado en un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares, disminución que puede llegar hasta el 85% a decisión de cada Comunidad Autónoma. Y hemos comprobado también cómo, paralelamente, aumentaban el copago de los dependientes. Además, los y las cuidadores familiares no profesionales han perdido las cotizaciones a la Seguridad Social que financiaba el Gobierno y se ha ampliado el plazo hasta 2 años para que las Comunidades atiendan a sus dependientes sin generar retroactividad.

Los recortes son innumerables pero las consecuencias de este esmantelamiento son ya muy evidentes hasta el punto de expulsar a los dependientes del sistema. Por primera vez, hay menos personas dependientes atendidas, personas que tenían derecho a recibir una prestación o servicio y ahora ya no lo tienen. Esta situación es absolutamente inadmisible y vamos a seguir denunciándola.

Por otro lado, de manera singular, en este momento, consideramos fundamental apostar de manera decidida por salvaguardar y promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. El empleo es el cauce fundamental para alcanzar la plena integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. El acceso a un puesto de trabajo es clave para dar contenido a los principios que inspiran la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España durante los Gobiernos socialistas: la dignidad, la autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana.

Por ello, reclamamos al Gobierno que tome medidas de apoyo a los Centros Especiales de Empleo, entre ellas, ampliar la subvención del coste salarial correspondiente a puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad al 75% del salario mínimo para los colectivos con especiales dificultades para su inserción laboral.

Exigimos al Gobierno reponer los recursos destinados a las políticas activas de empleo de personas con discapacidad; y dar de nuevo vigencia plena a las \\\"Medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad\\\", así como a la Estrategia Española del Empleo 2012- 2014.

Solicitamos garantías del Gobierno para que las distintas Administraciones salden la deuda contraída en concepto de ayudas a la inclusión laboral que tienen con muchas empresas y entidades del Tercer Sector social. Y, por último, instamos al Gobierno a aprobar una nueva normativa de promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que renueve el marco de empleo de las personas con discapacidad, que acaba de cumplir 30 años y que ya no sirve a los objetivos para los que surgió.

Las personas con discapacidad están sufriendo un claro retroceso en las conquistas sociales y de derechos obtenidas a lo largo de estos años. El Partido Socialista siempre ha defendido los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Seguiremos trabajando junto al Tercer Sector, aliados imprescindibles, para lograr una sociedad mejor, más comprometida y más participativa, y continuaremos defendiendo de manera prioritaria la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

¡No podemos retroceder!